Después que dos tribunales declinaran y la audiencia de presentación de los siete detenidos fuera diferida cuatro veces, el TSJ decidió que la causa la llevará un tribunal en materia de violencia de género en Bolívar.

“Me dejó desnuda (llanto). José Alberto me violó, marica (llanto)”. Estas son las palabras que se escuchan en un audio filtrado la noche del jueves, y que es atribuido a Ángela Aguirre, la adolescente de 16 años de edad que desapareció el sábado 23 de marzo en la isla La Terecaya en Puerto Ordaz, y el 26 fue hallada flotando en aguas del río Caroní.

Desde que iniciaron las investigaciones se sabía de la existencia de ese material, pero fue hasta el jueves cuando se filtró en redes sociales. El periodista Germán Dam lo publicó en su cuenta en Twitter. Los padres de Ángela aseguraron que la voz que se escucha en el audio sí es el de su hija.

Se desconoce a quién fue enviado ese audio o nota de voz, o si logró ser enviado, el hecho es que habría sido recuperado del teléfono de la víctima y sería la prueba de que sí hubo abuso sexual -como indica la primera autopsia practicada a la joven- y no sexo consensuado, como indicaría el segundo examen médico forense solicitado por la fiscal décima, quien fue recusada por la defensa de la familia de Aguirre, precisamente por las irregularidades en las averiguaciones. Todavía se espera por la admisión de la querella. 

Fue el mismo director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, quien afirmó que la muerte de Ángela fue un homicidio, y detalló que la necropsia determinó que la muerte fue por asfixia mecánica por inmersión, hubo lesiones en partes íntimas y hematomas en diferentes zonas del cuerpo, sobre las cuales descartó que fueran provocadas por el tiempo que estuvo en el río hasta su hallazgo; afirmó que fueron provocadas por una persona.

Sin embargo, en rueda de prensa reculó sobre su aseveración del asesinato y se refirió a presunto homicidio.

Los siete apresados por el caso siguen sin ser presentados porque el tribunal de control y el de violencia de género declinaron, se declararon incompetentes para llevar la causa. Sin embargo, este viernes se conoció que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia decidió que la causa será llevada por el Juzgado Primero de Control en materia de Violencia contra la Mujer en el estado Bolívar. Uno de los aprehendidos es José Alberto Cedeño, de 18 años, al que nombran en el audio atribuido a Ángela Aguirre.

Esa noche del 23 de marzo, Ángela y las otras siete personas zarparon a la isla La Terecaya en la lancha La Kaki, desde la marina del Club Ítalo en Puerto Ordaz. Celebraban el cumpleaños de José Alberto, amigo de la víctima e, incluso, conocido por sus padres.

Más detalles

Según reveló Yamileth Carvajal, una de las abogadas que asiste a la familia Aguirre Yaguare, un testigo observó que la lancha en la que viajaron Ángela y las otras siete personas era lavada con una gran cantidad de cloro, cuando aún estaba desaparecida la adolescente. También intentaron sacarla, pero el personal de seguridad del club no lo permitió. Este detalle también fue ofrecido por el director del Cicpc en rueda de prensa.

Carvajal también denunció que el Ministerio Público y Cicpc omitieron la respectivas experticias de los celulares de los arrestados por el caso. Presuntamente, uno de los implicados y detenidos tenía “rasguños con sangre en la cara”, evidencia que presuntamente estarían omitiendo.

No solo la familia de Ángela ha pedido justicia, las redes sociales también han estado activas para exigir que se esclarezca el caso, qué pasó con Ángela y justicia para ella. Por cómo se han dado las averiguaciones, prevalecen las sospechas de que una vez más la corrupción se esté moviendo en el caso.

“Exigimos al Estado venezolano una investigación criminal que permita llegar al conocimiento de la verdad con relación a los hechos en el caso de Ángela Aguirre”, exigió la ONG Comisión para los Derechos Humanos y la ciudadanía (Codehciu).

La ONG recordó que “en los casos de femicidio, el deber de investigar tiene dos finalidades: prevenir una futura repetición de los hechos y garantizar la justicia en los casos particulares”.

“La investigación también debe esclarecer circunstancias en las que ocurrieron los hechos que generan responsabilidad estatal. Estas características son esenciales para que una investigación penal se ajuste a los estándares internacionales: debe ser imparcial, seria, exhaustiva, transparente y permitir establecer la responsabilidad, penal o disciplinaria de los agentes estatales”, precisó.