El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 6 mil 211 protestas en los primeros tres meses de 2019: 157 % más si se compara con el primer trimestre de 2018.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 6.211 protestas en los primeros 90 días del año, equivalente a 69 diarias. Esta cifra representa un incremento de 157% en comparación con el mismo período del año pasado y 395% con respecto a 2017.

En el primer trimestre de 2019 se registró la mitad de las protestas reportadas durante todo el 2018, destacando que ese fue el año récord histórico de protestas en Venezuela con 12.715.

51% de las protestas fue para exigir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca).

La emergencia humanitaria compleja se agudiza de manera acelerada con el pasar de los días. Los venezolanos ven disminuidas sus posibilidades de disfrutar una vida digna, así lo evidencia este nuevo récord de protestas durante el primer trimestre de 2019. Pese a la represión o amenazas, la sociedad civil continúa en las calles.

Distribución geográfica de las protestas

Las manifestaciones se han escenificado en todo el territorio nacional, desde las que respaldan a convocatorias políticas o gremiales hasta aquellas que surgen espontáneamente según las necesidades de los ciudadanos.

Distrito Capital, Miranda, Mérida, Trujillo y Táchira registraron la mayor cantidad de manifestaciones durante el primer trimestre del año. Mientras que Amazonas, Delta Amacuro y Vargas fueron las entidades con menores acciones de calle.

Caracterización de las protestas

Consolidación del sistema de represión. Uso de grupos de exterminio para reprimir, conformados por comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), colectivos paramilitares e integrantes de las Redes de Acción y Articulación Sociopolítica (RAAS). La represión dejó un saldo de 51 personas asesinadas durante los reclamos.

Articulación de las Redes de Acción y Articulación Sociopolítica (RAAS) en las comunidades. Vecinos, integrantes de estas redes, ejecutan el rol de agentes de inteligencia, informando a cuerpos de seguridad y colectivos paramilitares sobre la ubicación e identidad de manifestantes.

Reactivación del Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3) y sus Subsistemas. Con el fin de obstaculizar, criminalizar y reprimir las protestas a nivel nacional.

Respaldo popular al presidente (e.) Juan Guaidó en movilizaciones convocadas por partidos de oposición, logrando congregar a diversos actores sociales y políticos.

Asistencia masiva a las manifestaciones organizadas a favor del ingreso de la ayuda humanitaria.

Las modalidades de protesta más empleadas fueron las concentraciones, cierres de calle, marchas y cacerolazos en horarios nocturnos.

Incremento de las protestas en sectores populares, antiguos bastiones del chavismo, exigiendo la renuncia de Nicolás Maduro y restablecimiento de la democracia.

En los sectores populares las modalidades de protesta más empleadas fueron los cierres de calle y cacerolazos en horarios nocturnos.

Aumento de las protestas por servicios básicos, principalmente por electricidad y agua potable.

Repunte de los saqueos e intentos de saqueo a nivel nacional.

Trabajadores del sector educación lideraron protestas por salarios dignos.

Protestas combinadas

De las 6.211 protestas documentadas en estos primeros tres meses, 1.116 fueron combinadas, es decir, se exigieron distintos derechos simultáneamente. En términos porcentuales esta modalidad de manifestaciones representó el 18% del total registrado.

En los primeros 90 días del año se documentaron alrededor de 2.820 acciones de calle en demanda de derechos políticos, equivalente a un promedio de 31 protestas diarias. Los ciudadanos han asumido una participación activa en defensa de la democracia y exigiendo el fin del régimen de Nicolás Maduro.

El primer trimestre se caracterizó por el resurgimiento de las protestas políticas, tras un 2018 en el que los reclamos sociales marcaron la pauta. Se reactivó la lucha ciudadana en la defensa de derechos y rescate de la democracia desde el 23 de enero, cuando Juan Guaidó asumió la presidencia interina de la República, desconociendo el acto de juramentación de Nicolás Maduro el 10 de enero de 2019, ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cual derivó en una usurpación de funciones para gobernar un segundo período presidencial producto de un proceso inconstitucional celebrado el 20 de mayo de 2018

Por su condición de representante de un poder popularmente electo como es la Asamblea Nacional (AN), Guaidó se ha convertido en la figura clave para conducir los cambios que demandan los ciudadanos de forma pacífica y democrática.

Reiteramos que la recuperación del orden democrático y la vigencia de los derechos humanos han tomado cada vez más relevancia dentro de la población, que se ha sumado de forma pacífica y progresiva a las actividades convocadas por los partidos de oposición.

Las actividades de calle han sido permanentes. En asambleas ciudadanas, cabildos, concentraciones, marchas, cierres de calle, cacerolazos, la población ha recobrado la lucha política, para exigir un cambio de rumbo en la conducción del país.

Precariedad en servicios básicos

Las calles han sido escenario de protestas para los ciudadanos que a diario sufren la precariedad de los servicios básicos necesarios para gozar de una vivienda digna, no en vano la demanda de estos derechos ocupan el segundo lugar de manifestaciones en el primer trimestre.

De las 6.211 protestas registradas, 1.668 estuvieron vinculadas a la precariedad en servicios básicos, en promedio 19 reclamos diarios. Una muestra del colapso de los servicios básicos en el país.

       

El OVCS documentó 1.032 protestas en rechazo a la decadencia en el servicio de energía eléctrica que afectó el desenvolvimiento de actividades comerciales, educativas, domésticas, culturales e incluso la salud pública.

Los reiterados apagones nacionales registrados en el país desde el 7 de marzo generaron aproximadamente 994 manifestaciones. En al menos 266 oportunidades, las personas aprovecharon las convocatorias políticas para mostrar su descontento por el colapso de servicios.

El impacto de la crisis generada por la falta de electricidad se mantiene hasta los primeros días de abril, durante el cierre de este reporte.

Como consecuencia de los apagones fueron afectados el suministro de agua potable y las telecomunicaciones en todas las entidades el país, siendo el estado Zulia uno de los más afectados.

El régimen de Maduro anunció que los apagones fueron provocados por distintos tipos de ataques desde el exterior, principalmente de la oposición política venezolana y de Estados Unidos. Y puso en práctica un plan de racionamiento eléctrico sin especificar detalles de la medida. Tampoco hubo un parte oficial para dar a conocer la cuantificación de los daños, ni las afectaciones al sistema eléctrico.

En las calles, los afectados catalogaron el apagón como el colapso de un servicio al que no se le ha brindado mantenimiento e inversiones.

Se registraron 474 protestas exigiendo la prestación o restitución del servicio de agua potable. Diversas comunidades resultaron afectadas por las fallas del suministro de agua potable. Esta situación conllevó a la paralización de clases, servicios médicos, actividades laborales, cobro excesivo de camiones cisternas. Dentro de la desesperación muchos vecinos optaron por realizar tomas de aguas provenientes de ríos contaminados con aguas servidas, quebradas y alcantarillas.

Las constantes fallas en la distribución de gas doméstico generaron 162 protestas, siendo el interior del país el más afectado. En algunos casos, comunidades se han visto en la obligación de cocinar a leña.

Derechos laborales

Las protestas de los trabajadores se ubicaron en el tercer lugar en el índice de la conflictividad en el país.

En este lapso se reportaron 1.125 protestas, equivalentes a 13 diarias para exigir derechos laborales.

Continúan las exigencias por la protección del salario ante una desenfrenada hiperinflación que diluye cualquier remuneración o contrato colectivo.

El último ajuste del salario, que llevó la remuneración básica a Bs. 18.000, no permite hoy a un trabajador cubrir para sí ni para su familia las necesidades básicas, como establece la Constitución.

Los 26 ajustes del salario mínimo de los últimos seis años han ratificado que la escalada de precios limita cada vez más las condiciones de los trabajadores, para costear gastos de comida, salud, transporte, educación, entre otros.

Justamente, esta crisis económica es la que ha llevado a los trabajadores a exigir un nuevo gobierno como aspecto vital para la recuperación de su calidad de vida.

Quienes permanecen en el país ven el riesgo de perder su estabilidad laboral, en vista de que diversos sectores han limitado o paralizado sus actividades productivas por falta de condiciones de abastecimiento, reposición de materias primas, operatividad y rentabilidad. Adicionalmente, un número importante de trabajadores se ve en la necesidad de explorar diversas fuentes de ingresos o de emigrar forzadamente en busca de una mejor remuneración que le permita convertirse en sostén de hogar.

Persiste la exigencia de alimentos

Durante los primeros 90 días del año se ha mantenido la exigencia de alimentos en Venezuela, caracterizada por demoras en las ventas y entregas de las bolsas del CLAP, altos costos de los productos y el aumento de saqueos.

De las 6.211 protestas registradas, 463 estuvieron vinculadas a la crisis alimentaria. Un promedio de 5 manifestaciones diarias por alimentos.

Saqueos e intentos de saqueo

Para los primeros 90 días del año se documentaron al menos 296 saqueos o intentos de saqueo en distintas localidades, situación que afectó a múltiples industrias, servicios de transportes y locales comerciales.

Los apagones de marzo incidieron en el aumento de estas acciones violentas, producto de la desesperación, el hambre y la impunidad, causando pérdidas al aparato productivo del país.

Desde el OVCS rechazamos las expresiones de violencia como mecanismo para exigir derechos o reivindicaciones.

Régimen de Maduro responde con represión letal y violencia a las manifestaciones pacíficas.

El sistema de represión continúa siendo la respuesta del régimen de Maduro para contener el creciente descontento masivo y popular en todo el país. Empleando a grupos de exterminio, conformados por comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), colectivos paramilitares y las Redes de Articulación y Acción Sociopolítica (RASS).

La escalada de violencia y represión contra manifestantes pacíficos ha sido promovida por el propio Nicolás Maduro a través de llamados públicos a grupos de civiles y funcionarios de los cuerpos de seguridad a la resistencia activa en defensa de la revolución. En la mayoría de las protestas atacadas por colectivos paramilitares se reportaron manifestantes heridos o asesinados. De las 51 víctimas, 50 fueron asesinadas con heridas de bala. La totalidad de las muertes registradas en este período ocurrieron en zonas populares de Caracas y 12 estados del país.

El OVCS exige poner fin a este sistema de represión. El régimen de Maduro, a través de una política de control y terror, busca intimidar y silenciar a disidentes, críticos y a quienes reclaman sus derechos.

Represión y muerte quienes exigen ayuda humanitaria

El balance del primer trimestre 2019 destaca las movilizaciones y manifestaciones para exigir y apoyar el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Desde hace más de un año, el OVCS ha reiterado la necesidad de aceptar cooperación humanitaria internacional como mecanismo de asistencia a las familias venezolanas.

El 23-02-19, en el marco de la jornada nacional de ingreso de ayuda humanitaria internacional, el OVCS logró confirmar represión en manifestaciones en 12 estados. Sin embargo, la actuación más violenta fue en las poblaciones fronterizas de los estados Táchira y Bolívar. Esta situación dejó un saldo de 8 personas asesinadas por armas de fuego y más de 300 heridos, en su mayoría, por heridas de bala, perdigones, sustancias tóxicas y tratos crueles, humanos o degradantes.

Se constataron ataques de grupos colectivos paramilitares con armas de fuego en nueve estados: Anzoátegui, Apure, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Lara, Táchira, Yaracuy y Zulia.

En la zona fronteriza con Colombia asistió la mayor cantidad de ciudadanos en apoyo al ingreso de la ayuda humanitaria para Venezuela. A pesar de la asistencia masiva de personas, funcionarios y partidarios del régimen de Maduro bloquearon los accesos e incendiaron camiones que intentaban pasar medicinas y suplementos alimenticios a territorio venezolano, y reprimieron a los manifestantes en diversos puntos de la frontera.

En Táchira se reportaron numerosos heridos de bala y asfixiados por sustancias tóxicas y lesionados por tratos crueles, humanos o degradantes. Estas acciones fueron ejecutadas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), colectivos paramilitares y grupos irregulares que impunemente hacen vida en esta zona de la frontera.

Leider Dirinoth García Rangel, de 30 años, politáchira, fue herido de bala en el brazo y tórax el 23 de febrero durante una protesta realizada por vecinos del barrio Ricaurte, de San Antonio del Táchira, para exigir y presionar el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Estuvo 17 días hospitalizado en el Hospital de Cúcuta, Colombia, hasta su muerte el 12-03-19. Testigos responsabilizaron a colectivos paramilitares. García Rangel era funcionario activo de Politáchira y estaba a la espera de su baja.

En la zona fronteriza con Brasil la represión fue mucho más letal. Se contabilizaron 7 personas asesinadas, entre ellos 4 indígenas de la etnia pemón.

Desde el 22-02-19 militares del Ejército venezolano y GNB, hicieron los primeros ataques en territorio indígena, específicamente en la comunidad de Kumaracapay, municipio San Francisco de Yuruaní del estado Bolívar, dejando un saldo de una mujer de la etnia pemón asesinada y más de 13 heridos. La represión se extendió al sur de este estado colindante con Brasil durante una semana.

Las personas asesinadas fueron:

Cuatro indígenas

22-02-19: Zoraida Rodríguez, de 46 años. Indígena de la etnia pemón. Recibió tres impactos de bala en el pecho por militares venezolanos. En la comunidad de Kumaracapay, municipio San Francisco de Yuruaní, del estado Bolívar.

23-02-19: José Esley Pérez Márquez, de 20 años. Indígena de la etnia pemón, recibió impacto de bala durante una protesta en Fuerte Escamoto de Santa Elena de Uairén, estado Bolívar.

27-02-19: Kliber Alfredo Pérez Rivero, de 24 años. Indígena de la etnia pemón. Recibió impacto de bala por militares venezolanos el 22-02-19 en la comunidad de Kumaracapay, municipio San Francisco de Yuruaní, del estado Bolívar. Falleció el 27-02-19 en el Hospital General de Roraima (HGR) en Boa Vista, estado de Roraima, Brasil.

02-03-19: Rolando García Martínez, de 51 años. Indígena de la etnia pemón. Recibió impacto de bala por militares venezolanos el 22-02-19 en la comunidad de Kumaracapay, municipio San Francisco de Yuruaní, del estado Bolívar. Falleció el 02-03-19 en el Hospital General de Roraima (HGR) en Boa Vista, estado de Roraima, Brasil. Rolando García era esposo de Zoraida Rodríguez.

3 manifestantes en el centro de Santa Elena de Uairén

23-02-19: José Hernández, de 25 años. Recibió impacto de bala durante una protesta en el casco central de Santa Elena de Uairén, estado Bolívar.

23-02-19: José Barrios Carrasco, de 23 años. Recibió impacto de bala durante una protesta en el casco central de Santa Elena de Uairén, estado Bolívar.

03-03-19: Jorge Javier González Parra, de 40 años. Recibió impacto de bala 23-02-19 en el casco central de Santa Elena de Uairén, estado Bolívar. Falleció el 03-03-19 en el Hospital General de Roraima (HGR) en Boa Vista, estado de Roraima, Brasil.

Ante la falta de condiciones hospitalarias para atender la emergencia, la mayoría de los heridos de gravedad fueron trasladados hasta el estado de Roraima, Brasil, para recibir atención médica.

Según los reportes médicos del Hospital General de Roraima (HGR) en Boa Vista, las personas ingresadas tenían fracturas en brazos y piernas por los impactos de bala. Lo que revela el uso de fusiles de alto calibre transgrediendo obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos que prohíben el uso de armas de fuego letales y el uso desproporcionado de la fuerza para el control de manifestaciones.

En algunos casos, las condiciones de vulnerabilidad se agudizaron. Comunidades pemonas tuvieron que desplazarse a otros territorios, cruzando a Brasil o internándose a la selva, para resguardarse de la violencia y represión desatada en su contra, mientras algunos líderes fueron perseguidos.

Esta fue la respuesta que el régimen de Maduro dio a las comunidades indígenas de Venezuela, principales grupos vulnerables y más afectados por la emergencia humanitaria.

Venezuela bajo observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de los órganos de protección de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El OVCS destaca la observación internacional por parte de organismos especializados en la protección de derechos humanos, quienes han denunciado de manera permanente la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela.

Durante el primer trimestre del año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y diversos órganos de protección de ONU han reiterado su llamado a tomar las medidas correspondientes y urgentes para abordar la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela.

La CIDH ha expresado su preocupación por el continuo hostigamiento contra defensores de derechos humanos en Venezuela, y ha condenado los hechos de represión violenta exigiendo a Nicolás Maduro garantizar los derechos humanos de la población frente a la crisis política, económica y social. De igual forma en la presentación del informe anual del organismo se incluyó un análisis particular de la situación de Venezuela en el capítulo IV.B determinarse la existencia de situaciones estructurales que afectan los derechos humanos que ha derivado en una grave crisis política, social, y económica que ha derivado en la ausencia del Estado de Derecho.

Adicionalmente, distintos órganos de la ONU se han manifestado en relación a las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela. La Oacnu ha monitoreado de cerca la situación de Venezuela, durante su visita en terreno entre el 11 y 22 de marzo expertos de la oficina pudieron reunirse con diversos actores para constatar la grave. (OVCS)