La Intersectorial de Trabajadores de Guayana ofreció un balance del encuentro con los delegados de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Luego del encuentro con la Comisión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG) ofreció un balance de los casos expuestos ante esta delegación, la cual habría concluido que Bolívar es uno de los estados con mayores violaciones de DD HH, de acuerdo con los casos expuestos y documentados en las visitas realizadas en el país.

Cecilio Pineda, secretario de Organización del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos (Sunep) de CVG, destacó que la comisión dejó un canal abierto para poder seguir denunciando y documentando las violaciones de DD HH en la entidad.

Como representante de la UITG entregó un documento en el que esbozó la destrucción de las empresas básicas de Guayana y las desmejoras a los trabajadores. Esto los llevó a iniciar una serie de protestas el año pasado, que trajo como consecuencia la detención de nueve ferromineros -excarcelados bajo régimen de presentación en la víspera a la visita de la comisión-, así como cuatro empleados de Venalum, y la privativa de libertad contra el dirigente sindical Rubén González.

Mencionó también el caso del trabajador de Corpoelec Geovanny Zambrano, detenido en dos oportunidades y recientemente privado de libertad, siendo acusado de fuga de información y sospecha de sabotaje por las fallas eléctricas en el país. Además, otros empleados han sido privados ilegítimamente de libertad en el contexto de un procedimiento de investigación por parte de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), sin cumplir con el debido proceso. El documento expuso también el homicidio del ingeniero de Corpoelec Ángel Sequea, asesinado en los calabozos del Cicpc.

La reunión con la comisión dio un espacio a familiares y abogados del secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), Rubén González, privado de libertad y juzgado por un tribunal militar.

Yarudid González, hija del dirigente sindical de Ferrominera y miembro del sindicato, expuso a la comisión que a raíz de los reclamos laborales son varios los que han tenido órdenes de captura y han sido perseguidos, incluyendo sus parientes.

Expuso los casos de su hermano, Ruddy González, y de su cuñado, Orangel Herrera, quienes tenían orden de captura y fueron destituidos. “Les congelaron los sueldos, a los niños se les quitó el beneficio de escuela, juguetes y clínica. Incluso de vivir en sus casas, porque al ser perseguidos han tenido que abandonar su hogar”.

El informe presentado a la ONU expone también las afectaciones a menores de edad, determinadas por el estrés causado a raíz de la persecución a sus familiares. Algunos -agregó- han tenido que acudir a terapias psicológicas.

El sábado pasado, la ITG también sostuvo una reunión con la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, a cuyos diputados plantearon la persecución contra los trabajadores. El Parlamento ofreció un canal abierto para las denuncias, así como un derecho de palabra.

Pineda agregó que a raíz de las denuncias ante la comisión de la ONU se han presentado dos nuevos casos de persecución, esta vez contra Rolando Muñoz de Bauxilum y Dennys Sucre de Alcasa.