En la reunión con diferentes sectores gremiales y de la sociedad civil, también plantearon lo referente al Arco Minero y a los indígenas masacrados al sur del estado.

Una comisión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos llegó la noche del miércoles a Puerto Ordaz, estado Bolívar, para sostener reuniones con diferentes sectores que expusieron los casos más relevantes sobre violaciones a derechos fundamentales durante el régimen de Nicolás Maduro.

La comisión tuvo primero un encuentro con representantes de la Gobernación y Consejo Legislativo del estado Bolívar, para posteriormente atender a representantes de los sectores sindical, salud y familiares y víctimas de violaciones a derechos humanos y ONG.

       
Moreno: “El día del apagón las plantas no funcionaron ni en el Uyapar ni en Guaiparo y los pacientes fueron atendidos con la luz de los celulares” | Foto William Urdaneta

Algunas estadísticas -no oficiales- presentadas a la comisión y que evidencian la crisis humanitaria en la entidad fue el desabastecimiento en los hospitales de Ciudad Guayana. En lo que va de año se maneja una data de al menos 45 recién nacidos muertos que permanecen en la morgue porque familiares no tienen recursos para su sepelio.

Otra cifra fue que de 25 pacientes con hipertensión arterial pulmonar, solo nueve se mantienen con vida. El resto ha muerto por falta de tratamiento. Recientemente llegó parte de la medicación al Hospital Uyapar, de Puerto Ordaz. Sin embargo, estos están vencidos y son los que se entregan y consumen los pacientes.

En la mañana de este jueves, dirigentes juveniles y del sector salud se concentraron fuera del Hospital Uyapar y solicitaron a la comisión constatar el estado de los hospitales de Ciudad Guayana, además de tomar en consideración otros hechos de relevancia en el estado.

La presidenta del Colegio de Enfermeras en Ciudad Guayana, Maritza Moreno, recordó las áreas inoperativas de los centros asistenciales, desde hace por lo menos un año. Entre ellas: rayos X, banco de sangre, laboratorio, cavas de la morgue dañadas. “Ni siquiera hay dónde guardar los cadáveres. En cuanto a la dieta de los pacientes, lo poco que reciben de alimentación es porque algunas ONG se han encargado de traer desde el exterior”.

Moreno hizo un llamado a técnicos de la comisión a plasmar esa situación. Destacó que particularmente en Bolívar es donde se han concentrado enfermedades como el paludismo, difteria y dengue.

“Muchas de las áreas del hospital ni siquiera tienen iluminación, el día del apagón las plantas no funcionaron ni en el Uyapar ni en Guaiparo y los pacientes fueron atendidos con la luz de los celulares”, agregó.

Casos relevantes en Bolívar

A casi un año del cierre del Centro Pediátrico Menca de Leoni, en San Félix, recordó que este albergaba a 150 pacientes y contaba con dos camas de terapia intensiva neonatal, además de recibir a niños del sur del estado, de Monagas y de Amazonas.

“Teníamos todo el equipo médico capaz de dar respuesta a las necesidades de la población. Desde que cerró el pediátrico, son remitidos a otros estados como Anzoátegui o al hospital de Ciudad Bolívar”, precisó Moreno.

       
Dirigentes juveniles solicitaron a la ONU incluir en su informe los casos de represión, asesinatos y persecución del régimen

El dirigente juvenil Gefry Márquez señaló que estadísticas internas del Menca de Leoni registraron en 2017 al menos 132 muertes de neonatos; hasta abril de 2018 (cuando cerró el pediátrico) fueron entre 80 y 90 los decesos. Las reparaciones de este centro asistencial lleva cinco meses paralizadas y las instalaciones están siendo desvalijadas.

Además de estos casos, Márquez consideró importante dar a conocer a la comisión de la ONU: el asesinato de Augusto Puga durante las protestas de 2017 en Ciudad Bolívar -por parte de funcionarios policiales y militares-, la agresión contra la profesora Irma Bello cuando la Guardia Nacional arremetió contra ella con el camión ballena, durante una marcha en abril de 2017, a la altura de Traki en Puerto Ordaz.

Las masacres al sur de Bolívar y lo ocurrido en Santa Elena de Uairén los días 22 y 23 de febrero también consideraron incluir en agenda. Todos estos casos habrían sido escuchados por la comisión durante el encuentro efectuado en horas de la tarde por representantes de los diferentes sectores.

La representación sindical atendida por la comisión expuso el caso del secretario general del sindicato de Ferrominera, Rubén González, privado de libertad en la cárcel de La Pica en Monagas, además de ser juzgado por un tribunal militar. Asimismo, las detenciones de las que fueron objeto ferromineros y trabajadores de Venalum, actualmente excarcelados bajo régimen de presentación.

En los casos de persecución destacó la privativa de libertad contra el trabajador de Corpoelec Geovanny Zambrano, y las privaciones ilegítimas de libertad contra otras empleadas durante un procedimiento de investigación por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), sin cumplir con el debido proceso. Allí incluyeron el asesinato en custodia del Estado del ingeniero José Ángel Sequea, apresado desde el 1 de marzo en el calabozo del Cicpc.

Aunque la agenda que se filtró días atrás incluía una visita a Santa Elena de Uairén, esta no se llevó a cabo.

 
En ese lugar debía construirse la Unidad de Diálisis del Uyapar. Otra de las deudas de los gobiernos chavistas